La eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu) reconfiguró el tablero del mercado de maquinaria agrícola en el país. La medida, anunciada por el Gobierno nacional en mayo, facilita el ingreso de equipos usados del exterior sin necesidad de autorización previa. Y, claro, no está exenta de debates.
El argumento oficial es simple: facilitar el acceso a bienes de capital para un sector que viene golpeado por años de restricciones, alta inflación y pérdida de rentabilidad. Desde el Ministerio de Economía, señalaron que el objetivo es “bajar el costo de inversión productiva para mejorar la competitividad”. La disposición, además, se inscribe en el compromiso asumido con Estados Unidos por la administración de Javier Milei para eliminar barreras al comercio.
Para algunos referentes del sector, la medida representa una oportunidad concreta para acceder a equipos a precios más competitivos. Para otros, en cambio, enciende luces amarillas para la industria nacional. En el medio conviven realidades muy distintas: productores que no pueden financiar una cosechadora nueva, pymes que ensamblan o fabrican maquinaria y enfrentan dificultades para competir, importadores que ven una ventana de negocio y multinacionales que ajustan sus estrategias frente al nuevo escenario.
Frontera ambigua
Uno de los primeros en reaccionar fue Franco Bosso, socio gerente de Distribuidora Italia, una fábrica de repuestos agrícolas con base en Armstrong.
La pyme hizo punta en importar maquinaria agrícola usada bajo el nuevo régimen. “Siempre mirábamos con ganas el día en que Argentina permitiera esto. Apenas se abrió la posibilidad, iniciamos los trámites y conseguimos la habilitación. En diciembre ingresó nuestra primera máquina y ya tenemos cuatro más en camino”, refirió el industrial, que cuenta con vasta experiencia por haber probado este sistema en Uruguay.
Cada equipo pasa por una revisión técnica, se ajusta en fábrica y se entrega con garantía local. Además, brindan apoyo a productores que detectan por su cuenta oportunidades afuera, con respaldo en el país de origen. Aunque nacionalizar puede encarecer entre un 25% y un 60%, la diferencia de precios frente al mercado local -sostuvo- sigue siendo favorable, con ahorros que llegan hasta el 30%.
Gerardo Criolani, reconocido empresario del rubro de la compra y venta de maquinaria, no ocultó su preocupación. “Tal como está hoy, el esquema no le sirve al comprador final. Tiene trabas muy fuertes que lo hacen poco competitivo”, afirmó en diálogo con Punto biz. Y detalló: “El principal inconveniente es el financiamiento. Acá nadie compra una máquina de contado. Se necesita pagarla en cuatro o cinco años, pero con los equipos importados hay que poner el 100% del dinero por adelantado”.
Criolani además subrayó que los productores aún dependen del crédito y del canje para renovar tecnología: “Nosotros tomamos una usada por otra usada. El importador no lo hace. Te pide que le des el dinero para la compra y los impuestos, y que después veas qué hacés con tu equipo viejo”.
Es que la norma exige cubrir el 100% del valor del equipo y aranceles antes de nacionalizarlos. Esto implica contar con ese capital de forma previa, aunque luego se pueda buscar financiamiento postingreso.
Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), también mostraron preocupación. Su presidente, Enrique Bertini, sostuvo que, si bien aún es temprano para medir el impacto real de la medida, el tema ya está en la arena del debate.
“Es una luz amarilla. Si el ingreso de maquinaria usada se vuelve masivo y descontrolado, puede haber un daño importante para la industria local”, alertó. Según detalló, la llegada de equipos usados a precios muy bajos podría forzar a productores y contratistas a desprenderse de sus propios activos a valores inferiores, generando una pérdida de capital inmediato: “Eso rompe el equilibrio comercial del sector”.
Para Bertini, el alcance del problema dependerá directamente del volumen de importaciones que se concrete. A esto se suma el contexto económico actual que -según remarcó- no favorece la compra de maquinaria nueva hecha en Argentina. “El tipo de cambio planchado y los precios internacionales desfavorables complican al productor, que hoy no puede defender su rentabilidad”, disparó.
Por otra parte, hizo hincapié en un dato estructural: cuando el productor tiene recursos, invierte en maquinaria. “Está demostrado que es una de las primeras decisiones que toma cuando tiene plata disponible”, dijo, y opinó que una reducción progresiva de las retenciones a las exportaciones podría devolver poder de compra al sector primario. “Si el productor pudiera cobrar el precio lleno del grano, muchas fábricas verían crecer la demanda de inmediato”, concluyó.
Qué dicen los pesos pesados
En paralelo, grandes firmas del rubro ya comenzaron a ajustar su estrategia. John Deere, una de las marcas más reconocidas del sector, anunció una baja de precios en sus líneas de maquinaria como forma de mantener la competitividad frente al nuevo escenario.
La empresa tomó la decisión -se presume- luego de evaluar el impacto que podría tener el ingreso de unidades usadas sobre la demanda de equipos nuevos. La reacción fue leída por muchos como una señal de que la apertura está teniendo efectos concretos en el mercado, aun en sus primeras semanas.
La reciente edición de Agroactiva, una de las principales ferias agroindustriales del país, fue el escenario donde se palpó el clima de cambio. Si bien la mayoría de las firmas nacionales apostó por mantener su presencia y mostrar su capacidad de producción, el tema de las importaciones atravesó conversaciones y charlas técnicas por igual. Algunos concesionarios, en off, reconocieron estar evaluando la incorporación de equipos usados del exterior a su oferta para no perder terreno ante los nuevos jugadores.
Desde algunas entidades del agro, la lectura es más matizada. “La posibilidad de acceder a maquinaria usada puede ser positiva para los productores chicos y medianos, que hoy no llegan a una unidad nueva”, dijo un referente de la Federación Agraria Argentina (FAA). Pero advirtió: “Hay que tener cuidado con la calidad de lo que entra. Una cosa es un equipo con certificación y garantía; otra, muy distinta, es una máquina que termina fundida a los seis meses y sin repuestos”.
Para algunos analistas, la clave estará en cómo evolucione la dinámica del mercado en los próximos meses. Si la importación de usados crece sin control ni criterios de trazabilidad, existe el riesgo de que ingresen equipos en mal estado, sin soporte técnico ni posibilidad de mantenimiento. Pero si el proceso se ordena y se incorpora como una opción más dentro de la oferta disponible, podría colaborar a reducir el costo de incorporación tecnológica en el agro argentino.
La medida está vigente y los distintos actores del sector comenzaron a ajustar sus estrategias ante el nuevo marco regulatorio. Mientras algunos importadores y productores ven en la eliminación del Cibu una oportunidad para reducir costos y acceder a maquinaria más económica, otros, principalmente fabricantes locales y concesionarios, analizan con cautela el impacto real que esta apertura tendrá sobre la demanda de equipos nuevos y la salud de la industria nacional.
El cambio también genera incertidumbre, especialmente por la falta de detalles sobre controles y financiamiento, lo que complica la planificación para pymes y pequeños productores. En este contexto, se esperan ajustes en las políticas comerciales y financieras que acompañen la normativa para evitar distorsiones en un mercado que ha sufrido vaivenes en los últimos años.
Maquinaria usada, importada y ¿barata?: entre la oportunidad y la alarma
El fin del Cibu impulsó la llegada de equipos usados del exterior y generó, por igual, expectativas y dudas sobre su efecto en la industria local.
LUCES AMARILLAS
LUCES AMARILLAS
La llegada de maquinaria nueva, usada e importada representa nuevos desafíos.
Por MARCIA CARRARA
Las marcas nacionales expusieron sus ventajas en Agroactiva.
Las autopropulsadas de fabricación nacional defienden su posición en el mercado.