Casi una década atrás, cuando Uber se echó a rodar en Rosario, las corporaciones la frenaron en seco. Taxistas que ofrecían servicios con mucho que desear, pero que no querían perder el monopolio, y concejales interesados en sostener el negocio político de la concesión de chapas, lograron mantenerlo en la ilegalidad. Hoy el precio de una chapa de taxi que supo cotizar u$s 40.000 se consigue por u$s 1.000 y la mayoría de los taxistas se convirtieron en usuarios de esta aplicación o de DiDi. Una Intendencia que había sido ineficaz para eliminar a los remises truchos se volcó a perseguir con quitas del auto y fuertes multas, pero igual las nuevas apps fueron elegidas por la gente.
Urgencia electoral mediante, la regularización de los servicios volvió a meterse en la agenda del Concejo local. Más allá de que la gente “ya votó”, la disyuntiva política sigue siendo la misma: una transformación camaleónica para tratar de que se cambie lo mínimo posible, o una desregulación plena de la actividad que le de rienda suelta a un fenómeno que sigue estando prohibido.
Tomar nota de la experiencia y asumir la nueva realidad habla de sabiduría, habrá que ver cuánto de ella se consigue en el Palacio Vasallo.
Uber: una década después, la misma discusión
DATO CLAVE
Una discusión no saldada en torno a la desregulación de los taxis.