Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) fueron creadas para resolver una de las mayores limitaciones del aparato productivo argentino: el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito. Durante años cumplieron ese papel con eficacia, permitiendo que miles de firmas se bancaricen, ingresen al mercado financiero y crezcan. Pero el contexto económico y las tensiones normativas convirtieron esa herramienta en un mecanismo que hoy genera más dudas que soluciones. El modelo está en riesgo, y con éste, la viabilidad de cientos de empresas que dependen de algún tipo de financiamiento para sostener sus operaciones.
Las SGR aparecieron a mediados de los noventa como parte de un paquete normativo orientado a las pymes. Su función es servir de respaldo, ya que garantizan el cumplimiento de una operación crediticia cuando la empresa que solicita el préstamo no cuenta con garantías propias. Para que ese aval sea posible, grandes empresas o entidades –conocidas como socios protectores– realizan aportes a un Fondo de Riesgo que cubre las operaciones. A cambio, reciben beneficios fiscales. Las pymes, denominadas socias partícipes, acceden al crédito con el aval de la SGR.
Con el tiempo, el sistema creció. Se multiplicaron las SGR, se diversificaron los instrumentos financieros utilizados, se extendió territorialmente y se incorporaron al modelo operaciones con bancos, el mercado de capitales y hasta instrumentos bursátiles. En la última década, las SGR se consolidaron como el canal más directo para que una pyme acceda a financiamiento formal sin recurrir a mecanismos informales o usurarios. Para muchas, representó el primer contacto con una línea de crédito institucional. Pero esa estructura muestra hoy síntomas claros de fatiga.
Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, explicó sin rodeos que la herramienta ya no funciona como antes. “Hoy la alta tasa y las comisiones convierten lo que debiera ser una facilidad en un costo más. Para muchas empresas la SGR dejó de ser una puerta de entrada al crédito y pasó a ser una traba por los costos adicionales que implica”, señaló consultado por Punto biz. Según Calzada, aún cumple su función para acceder a ciertos instrumentos no disponibles en la banca tradicional, como las obligaciones negociables, aunque para el financiamiento corriente perdió atractivo.
El problema, en base a la opinión de distintos referentes del sector productivo, no es sólo la herramienta, sino el contexto en el que funciona. Por su parte, Rafael Catalano, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario, sostuvo que “el verdadero drama son las tasas. Estamos hablando de tasas para pymes que van de tres a cinco veces la inflación. Eso es imposible. Ninguna empresa lo aguanta. Ninguna inversión es rentable con esas condiciones”.
Al mismo tiempo, cuestionó el rol de las entidades financieras que operan en conjunto con las SGR.
“Hoy no hay una gran diferencia para la pyme. Es más: muchas veces los bancos usan a las SGR para sacarse la responsabilidad de evaluar el riesgo crediticio. Trasladan el costo, pero no el beneficio”, afirmó. En ese marco, la SGR termina funcionando como un peaje más en el camino hacia un crédito inaccesible.
El sistema, además, está bajo amenaza legislativa. Uno de los pilares del modelo –las exenciones impositivas a los aportes al Fondo de Riesgo– quedó en el centro del debate parlamentario. En las últimas semanas, el Congreso discutió la posibilidad de eliminar ese beneficio. Si el Estado deja de premiar con incentivos fiscales a los socios protectores, muchas de estas empresas dejarán de aportar. Y sin aportes, el Fondo de Riesgo se seca. Sin fondo, no hay garantía. Y sin garantía, no hay crédito.
Calzada es claro sobre ese punto: “Si se caen los beneficios fiscales, se desarma el corazón del sistema. Lo que lo hizo funcionar todos estos años fue esa sinergia entre sector privado y estímulo estatal. Si el Estado se retira, no queda nada”. El riesgo no es teórico. Hay precedentes. En otros momentos de ajuste fiscal, el sistema financiero no dudó en retroceder, y las pymes quedaron a la intemperie.
Catalano, por su lado, puso el foco en la desigualdad estructural que arrastra el modelo económico argentino. “Hoy hay un régimen con beneficios sustanciosos para grandes inversiones, para multinacionales o proyectos millonarios. Pero las pymes, que somos el 80% del empleo del país, no tenemos nada. No hay instrumentos reales, no hay incentivo. Estamos peleando por sobrevivir”, apuntó.
Por otro lado, comentó que desde la AIM Rosario impulsan proyectos de capacitación, vinculación con universidades y escuelas técnicas, y formación empresarial. Quieren posicionarse como un centro de negocios y acompañamiento para las empresas del sector. Pero saben que sin herramientas financieras cualquier plan se debilita. “Lo que necesitamos es que el Estado y el sistema financiero entiendan que si no hay financiamiento real para las pymes, no hay reactivación posible”, aseguró.
La situación es especialmente delicada porque esta herramienta fue, durante años, la única vía alternativa al crédito bancario tradicional. Permitieron que muchas empresas salgan del circuito informal, se formalicen y proyecten inversiones. Pero las condiciones actuales –tasas desorbitadas, inflación persistente, falta de políticas activas– llevaron al sistema al límite.
El aumento de la mora es otro síntoma preocupante. A medida que crecen los costos financieros, las pymes tienen más dificultades para cumplir con sus obligaciones. Eso debilita la calidad de las carteras, encarece los avales y reduce la confianza en el sistema. Se genera un círculo vicioso: tasas altas llevan a más morosidad; más morosidad implica mayor riesgo; más riesgo se traduce en tasas todavía más altas. Y así, el sistema se vuelve inviable para los que más lo necesitan.
En paralelo, son muchas las voces que advierten que el sistema necesita una revisión de fondo. “No se trata de inventar algo nuevo, sino de volver a lo que funcionaba. Incentivar a los aportantes, cuidar el Fondo de Riesgo, bajar los costos para las pymes. Es una cuestión de decisión política”, coincidieron los interlocutores.
La discusión, entonces, no es solo técnica. Es política. ¿Quién puede acceder al crédito en la Argentina? ¿Quién queda afuera? ¿Cuál es el rol del Estado en ese entramado? ¿Qué consecuencias tiene dejar a las pymes libradas al mercado?
El panorama parece vaticinar que si el sistema SGR pierde sus condiciones actuales, muchas empresas quedarán fuera del radar financiero. No tendrán cómo fondear un pedido de maquinaria, un anticipo de proveedores o una inversión mínima. Y sin crédito, no hay producción. Sin producción, no hay empleo.
Las pymes, que explican buena parte de la economía nacional, no piden subsidios eternos ni tasas negativas. Piden reglas claras, herramientas útiles y un entorno que no las condene de entrada. Las SGR supieron ser eso. Una puerta de entrada. Pero esa puerta hoy está entornada, oxidada y a punto de cerrarse.
Nacieron para facilitar el acceso al crédito. Hoy enfrentan tasas usurarias, presión fiscal y riesgo de colapso.
UN DEBATE CRUCIAL
Por PATRICIO DE GAETANO
Desde la AIM Rosario plantean que “el verdadero drama son las tasas”.
Los industriales cuestionan el rol de los bancos porque trasladan costos, pero no beneficios.
Rafael Catalano, de AIM, y Julio Calzada,
de la BCR.