Fue una de las primeras iniciativas enunciadas por el gobernador Maximiliano Pullaro tras asumir el poder en la Casa Gris, y logró ser sancionada a fines de 2024.
La promulgación de la ley disparó una ola de presentación de amparos judiciales, y un grupo de los que accionaron judicialmente -integrado por políticos y jueces- quedaron a cubierto de recortes en sus haberes. La mayoría de los amparistas son jueces, aunque trascendieron los nombres de dos políticos, el socialista Eduardo Di Pollina y la peronista Alicia Vucassovich, quienes siguen cobrando una cifra cercana a los $16 M cuando la mínima de un jubilado de la Anses apenas si supera los $400.000.
Pullaro enfiló contra la Corte Suprema para tener un cuerpo más a su medida -una intención que pudo ir consiguiendo a cuentagotas-, pero tropezó con un 7 a 0 de los supremos cuando quiso apartar a tres de sus integrantes, un paso clave para derrumbar los amparos.
Pullaro recurrió en queja ante la Corte nacional, la última que le queda.
Según las cuentas del oficialismo, la nueva norma logró reducir de $600 M a $300 M el déficit de la Caja. Aunque la gestión Pullaro aumentó la presión impositiva en 2025, las cuentas provinciales podrían entrar en situación de riesgo.
Jaque a la reforma
jubilatoria de Pullaro
Los fallos de la Corte que preside Rafael Gutiérrez vienen complicando a la reforma de Pullaro.
DATO CLAVE