A seis años, fracasó el concurso y sobrevino un encarnizado cramdown
La Corte santafesina le bajó la persiana a la convocatoria y dos grupos pujaron para quedarse con la compañía. Hubo impugnaciones y debe definir el juez.
CASO VICENTIN
ACEROS CHUBUT
La cerealista Vicentin transitó por capítulos muy turbulentos durante 2025: el ingreso de un nuevo acreedor mayoritario en representación de los bancos extranjeros, el derrumbe del concurso de acreedores por orden de la corte santafesina, y un encarnizado procedimiento de cramdown marcaron los hitos de una historia que aún está a la espera de su definición, porque al final del camino surgieron impugnaciones.
El 18 de febrero la Corte provincial sepultó la homologación del acuerdo preventivo presentado por Vicentin ante sus acreedores, al convalidar un planteo promovido por el acreedor Commodities SA -del grupo grupo Grassi- y dejó sin efecto la sentencia favorable a la cerealera, con el argumento que el plan de pagos formulado desconocía el principio de igualdad entre acreedores.
A partir de esa definición se abrió formalmente la puerta al mecanismo de cramdown, para que terceros pudieran presentar una oferta alternativa de rescate de la empresa previo a una eventual quiebra. Desplazada a partir de aquel fallo la Cámara de Apelaciones de Apelaciones de Reconquista, fue su par de Rafaela la encargada de encauzar el proceso.
El 25 de septiembre el juez del concurso habilitó la etapa de cramdown y la votación entre los 1.600 acreedores —necesaria para aprobar el cramdown— se extendió hasta el 31 de octubre. El cramdown fue un cara a cara entre Grassi SA y el consorcio conformado por Molinos Agro SA junto a Louis Dreyfus Company (LDC).
Sobre el cierre del plazo —31 de octubre— ambas ofertas afirmaron haber conseguido las mayorías necesarias: tanto votos individuales de acreedores como capital. Según dictaminaron los síndicos, la oferta de Grassi fue la primera en llegar al juzgado de Reconquista, por lo cual quedó a un paso de ser convalidada, pero Molinos-LDC y otro medio centenar de acreedores impugnaron la presentación de Grassi. Al cierre de esta edición el juez Fabián Lorenzini, al frente del proceso judicial, debía resolver sobre esta última controversia.
La impugnación clave fue la del voto de la inversora Cima SA, liderada por el empresario Esteban Nofal, que en diciembre de 2024 adquirió la deuda de Vicentin contraída con bancos internacionales —unos u$s447 M nominales— convirtiéndose en el principal acreedor financiero del concurso. Nofal adhirió a la propuesta de Grassi, y su participación es decisiva para que cierren los números a la hora de sumar adhesiones. Por detrás de Grassi aparece un acuerdo con Cargill para asegurar mercadería y el trading internacional de los granos, y la cordobesa Porta, dispuesta a quedarse con el nodo norte de Vicentin. Del lado de Molinos-LDC se alistó la Unión Agrícola de Avellaneda, respaldada por un fuerte lobby político-institucional y empresarial del norte santafesino. La moneda aún vuela por el aire.
El juez Fabián Lorenzini tiene la palabra para decidir sobre el cramdown de Vicentin.
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