Un fallo de la justicia expuso al desnudo a la casta del poder santafesino
La condena en 2025 al exfiscal Patricio Serjal reavivó la acusación contra el senador Armando Traferri por su rol en la red de juego clandestino.
CASO PEITI
ACEROS CHUBUT
El juicio más resonante de 2025 en la provincia de Santa Fe concluyó con una sentencia que sacudió los cimientos institucionales: el exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitación perpetua por encabezar una asociación ilícita que protegía una vasta red de juego clandestino.
Los jueces Facundo Becerra, Hebe Marcogliese y Nicolás Foppiani determinaron que Serjal recibió sobornos y brindó cobertura judicial a negocios ilegales del empresario del juego Leonardo Peiti. Como mínimo, durante dos años obtuvo pagos regulares a cambio de desarticular o frenar investigaciones, evitar allanamientos y asegurar impunidad a cambio de dinero. Participaron de ese entramado, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien a su vez fue condenado. Ponce Asahad declaró enfáticamente: «Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Armando Traferri y las pagaba el empresario del juego Leonardo Peiti».
De ese modo, el nombre del senador justicialista Armando Traferri emergió con fuerza como presunto organizador de la pata política de la red. Peiti afirmó ante el tribunal haberle entregado 200.000 dólares como “aporte de campaña” para sus listas electorales, además de cuotas mensuales al entorno judicial. Aunque la condena sólo afecta a los operadores judiciales —Serjal, Ponce Asahad y otros—, los investigadores y la sentencia aluden explícitamente a Traferri como parte esencial del esquema: financiamiento, protección política, vínculos que garantizaban la impunidad.
Sin embargo, a pesar de las acusaciones graves y las pruebas presentadas —testimonios, peritajes, registros telefónicos y vínculos financieros— Traferri hasta ahora no pudo ser llevado a juicio. Tal protección especial le fue garantizada en su momento por la Legislatura santafesina (salvo muy contadas excepciones a la hora de votar) y de la Corte Suprema de Santa Fe, con una sentencia que fue refrendada por casi todos sus integrantes.
La condena a Serjal —junto a la admisión de Peiti y las confesiones de Ponce Asahad— representan una de las mayores demostraciones de corrupción institucional reciente. El órgano acusador calificó el fallo como “valiente” y un paso hacia “anticuerpos internos” frente a la impunidad.
El veredicto del juicio 2025 no marca un cierre, sino un punto de inflexión. Como presionado por la opinión pública Traferri ya renunció a sus fueros en el 2023, la decisión judicial sobre Serjal lo expuso a una virtual condena, porque en el fallo se lo cita más de un centenar de veces al puntualizar los delitos cometidos y se plantea que sólo su decisivo rol permite entender cómo se ejecutaron los hechos delictivos.
Como telón de fondo está en juego no sólo la suerte de un senador, sino la credibilidad del sistema judicial y político santafesino.
El senador Armando Traferri quedó contra las cuerdas tras conocerse la condena contra el exfiscal Serjal.
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