La agónica situación de usinas que marcaron época en la industria láctea
La cooperativa de Sunchales entró en concurso preventivo y opera al 5%, Arsa fue declarada en quiebra y Verónica tambalea.
SANCOR Y OTRAS MÁS
ACEROS CHUBUT
El 2025 quedará marcado como el año en que la industria láctea argentina mostró —sin tapujos— la crisis estructural de varias de sus empresas históricas. A la debacle de la cooperativa SanCor se le sumaron la quiebra de Arsa -que supo pertenecer a Vicentin y comercializaba líneas fabricadas por SanCor- y el derrumbe de Lácteos Verónica.
Las tres firmas arrastraban problemas comunes del pasado: padecieron las políticas de precios regulados durante el período populista, evidenciaban problemas estructurales de gerenciamiento y debieron afrontar la existencia de un gremio muy agresivo, que en muchos casos los puso sobre las cuerdas. Sobre esos síntomas cabalgaron la caída del consumo y la imposibilidad de afrontar la carrera de productos con más valor agregado que marcan los grandes competidores del rubro.
A comienzos de año SanCor envió 300 telegramas de despido en sus plantas de Córdoba y Santa Fe. En febrero se presentó a convocatoria de acreedores intentando reestructurar una deuda de u$s400 M y en marzo paralizaron la producción de quesos. Los tambos dejaron de abastecer materia prima y los volúmenes cayeron al mínimo.
La cooperativa con base de operaciones en Sunchales operó al cierre del 2025 con su capacidad operativa reducida a un 5% de su nivel histórico. Presentó un plan para evitar la quiebra, el cual incluye la venta de activos, la reducción de personal y la búsqueda de alianzas industriales.
Arsa, una pata de la marca SanCor, también profundizó su crisis. En mayo, suspendió su producción, afectando a más de 240 trabajadores, afectada por cortes de suministro eléctrico, embargos judiciales por reclamos salariales y dificultades para acceder a recursos. Durante meses, la producción quedó paralizada y el 6 de noviembre de 2025 la Justicia ordenó su quiebra y liquidación.
La láctea Verónica —con tres plantas en Santa Fe (Classon, Lehmann y Suardi) y cerca de 700 empleados directos— mantuvo desde mayo sus plantas prácticamente paralizadas, con salarios adeudados y promesas de pago incumplidas.
La situación financiera de la empresa era asfixiante: en marzo había al menos 143 cheques rechazados por un total de $465,1 M y una deuda bancaria estimada en $9.212 M. Ante el colapso, la firma pidió un procedimiento preventivo de crisis: en julio propuso despedir hasta 210 empleados de su planta industrial, reduciendo el personal a 330 operarios. Algunas líneas de producción reanudaron actividad en septiembre, aunque sólo para elaborar materia prima para terceros bajo contrato —una estrategia defensiva que refleja la pérdida de escala propia.
Para 2026, el desafío es monumental: sin una reestructuración real, sin inversiones frescas y fábricas paralizadas, la pauperización del sistema productivo se podría profundizar.
La presencia de un gremio de prácticas muy duras le sumó problemas a la complicada cooperativa.
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