Tras una demora de más de seis años se pudo enderezar la concesión de la hidrovía del Paraná, la vía navegable troncal que permite la salida de los granos argentinos hacia el resto del mundo. El gobierno mileísta lo consiguió tras un primer intento fallido del año pasado, un procedimiento que traía el lastre de una prórroga de contrato en 2010 (que terminó en el sonado caso de corrupción que forma parte de la causa de los cuadernos de las coimas en el período K), seguida de procedimiento inconcluso y de estatización en el período de Alberto Fernández, una vez vencida la concesión original.
Esta última etapa no estuvo exenta de polémicas y zancadillas –fuego cruzado entre postulantes, denuncias de grupos ambientalistas y presiones internacionales–, pero culminó sin impugnaciones.
La presencia de Jan de Nul en el holding triunfador asegura el expertise para las operaciones desde el minuto cero, y la esperada profundidad de 40 pies para el canal hasta Timbúes podrá plasmarse dentro del plazo de un lustro.
Según cálculos de la industria aceitera, el mayor calado permitirá la circulación de buques con mayores cargas, con un ahorro logístico anual del orden de u$s 375 M a u$s 456 M, un importe que excede con creces los mayores costos que demandará el peaje.
Dos puntos merecen destacarse como claves para llegar a buen puerto. El primero, la decisión del Estado de dar un paso al costado. El otro, la participación activa del sector privado –financista del sistema– a la hora de desarrollar los pliegos y ordenar el proceso.
Un paso al frente
para la hidrovía
DATO CLAVE
Culminó una privatización exitosa, con el respaldo del sector privado