“El Estado es una compañía de seguros de última instancia”. La definición, repetida por Javier Milei durante las últimas semanas, sintetiza una de las transformaciones conceptuales más profundas que imagina para la Argentina. El presidente denomina el fenómeno como la “revolución de los seguros” y parte de una premisa a tono con los lineamientos que guiaron la campaña electoral del referente libertario: si existe un mercado asegurador lo suficientemente desarrollado para cubrir los riesgos que hoy afronta el Estado –desde la enfermedad hasta la vejez, pasando por los desastres climáticos o la seguridad patrimonial– la intervención pública perdería buena parte de su razón de ser. La idea se inspira en el pensamiento anarcocapitalista del economista estadounidense Robert P. Murphy, cuya obra “La teoría del caos” fue recomendada por el propio presidente a sus ministros.
Sin embargo, entre la teoría y la práctica aparece una distancia considerable. Es precisamente allí donde se instala el debate que comienza a recorrer al mercado asegurador. En las principales compañías y entidades del sector nadie dice haber recibido, hasta el momento, un borrador, una convocatoria formal o siquiera lineamientos técnicos sobre el alcance de la iniciativa. La discusión, coinciden distintas fuentes consultadas por Punto biz, continúa siendo más conceptual que normativa.
“Hoy es muy difícil opinar porque no sabemos sobre qué materia concreta estamos hablando”, resumió Armando Riopedre, director ejecutivo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (Cides), en contacto con Punto biz. La entidad, uno de los principales think tanks del mercado, decidió mantener prudencia hasta conocer el contenido definitivo del proyecto. Esa cautela no implica desinterés. Todo lo contrario.
La idea de que el seguro privado pueda cubrir determinadas prestaciones públicas no resulta completamente ajena al sistema argentino. De hecho, existen varios ejemplos. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) administran desde hace casi tres décadas la cobertura de accidentes laborales bajo un esquema privado, aunque fuertemente regulado. También existen compañías de seguros de retiro, mientras que buena parte de la población accede a la atención médica mediante empresas privadas de salud.
Precisamente allí, en el vertical sanitario, aparece uno de los primeros nichos donde el sector cree que podría crecer. Hace pocas semanas, la Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó a las aseguradoras a ofrecer coberturas de salud con prestaciones en especie, una resolución que abre la puerta al desarrollo de productos más básicos que los actuales planes de medicina prepaga. Según Riopedre, ese podría convertirse en un mercado relevante, especialmente para monotributistas y trabajadores independientes que hoy quedan a mitad de camino entre el sistema público y las prepagas tradicionales.
“La prepaga está obligada a cubrir el Programa Médico Obligatorio y eso encarece las cuotas. En cambio, podrían desarrollarse coberturas más acotadas para personas que hoy pueden afrontar una consulta médica o controles periódicos, pero no llegan a pagar una prepaga completa”, explicó. En ese esquema, el seguro funcionaría como un complemento del sistema sanitario y no como un reemplazo absoluto. Los casos de mayor complejidad continuarían siendo absorbidos por la red pública.
Otro de los capítulos donde el mercado observa posibilidades es el previsional. Las compañías ya comercializan seguros de retiro y rentas vitalicias. El problema, sostienen desde la industria, no radica en la inexistencia del producto sino en las condiciones macroeconómicas e impositivas. Para que esos instrumentos logren un desarrollo masivo se necesita una moneda estable y beneficios fiscales que incentiven el ahorro de largo plazo.
En la práctica, el desafío no parece tecnológico ni operativo sino económico. Después de décadas de inflación elevada, cambios regulatorios y sucesivos incumplimientos sobre contratos de largo plazo, reconstruir la confianza constituye un requisito indispensable para cualquier esquema de ahorro previsional privado.
El agro es el laboratorio
más cercano
Si existe un ámbito donde la industria aseguradora acumula experiencia internacional es el de los riesgos climáticos. España y Brasil desarrollaron durante décadas sistemas de seguros agrícolas considerados entre los más avanzados del mundo. Pero hay un elemento que se repite en todos los modelos exitosos: la participación del Estado.
“No conocemos experiencias relevantes donde el seguro agrícola funcione sin algún tipo de intervención pública”, sostuvo Riopedre. La explicación es sencilla. Sequías extremas, inundaciones o eventos climáticos masivos generan pérdidas de tal magnitud que difícilmente puedan ser absorbidas exclusivamente por el mercado.
En Argentina también comienzan a aparecer iniciativas provinciales. Córdoba ya implementó un esquema de cobertura agrícola multiriesgo y Santa Fe trabaja sobre un proyecto similar. Paralelamente, el sector asegurador avanza junto con la Secretaría de Agricultura en nuevos productos para establecimientos ganaderos, feedlots y criaderos intensivos. Ahora bien, lejos de plantear una sustitución del Estado, estos modelos buscan compartir riesgos entre el sector público y el privado.
El tamaño del desafío
Si salud, retiro y agro aparecen como mercados potencialmente desarrollables, la verdadera incógnita surge cuando el debate escala hacia la totalidad del sistema. Raúl Piermarini, ejecutivo de Berkley Argentina, reconoce que el desafío excede largamente las capacidades actuales del mercado.
“La actividad está altamente regulada. La Superintendencia de Seguros controla permanentemente la solvencia de las compañías porque cuando una aseguradora vende una póliza está asumiendo una promesa de pago futura. Ese respaldo necesita supervisión”, explicó al ser entrevistado por Punto biz. El ejecutivo también advirtió que una transformación de semejante magnitud requeriría un proceso de coordinación sin precedentes entre empresas, organismos reguladores y el propio Estado.
En el mercado recuerdan además que el negocio asegurador funciona globalmente mediante complejas redes de reaseguro que distribuyen riesgos entre compañías de distintos países. Grandes catástrofes naturales o siniestros extraordinarios difícilmente puedan ser absorbidos por una sola economía nacional.
El punto más difícil:
la seguridad
Donde aparecen mayores dudas es en uno de los conceptos más disruptivos del planteo presidencial: que las aseguradoras asuman funciones preventivas vinculadas con la seguridad. La teoría de Murphy sostiene que una empresa que asegura vidas o patrimonios tendría incentivos económicos para prevenir delitos y reducir siniestros, disminuyendo así el pago de indemnizaciones.
Sin embargo, en el mercado prácticamente no encuentran antecedentes comparables. La seguridad privada existe desde hace décadas, al igual que los servicios de vigilancia corporativa o residencial. Pero otra cosa muy distinta sería trasladar funciones propias del monopolio estatal de la fuerza hacia compañías aseguradoras. Incluso entre ejecutivos que observan con simpatía una mayor participación privada en otras áreas, este capítulo aparece como el de mayor incertidumbre.
La regulación, una palabra
que nadie discute
Paradójicamente, mientras el discurso oficial pone el foco en la desregulación, el propio mercado insiste en otro concepto: regulación. Las aseguradoras administran recursos que reciben anticipadamente a cambio de promesas de cobertura futura. Por eso prácticamente todos los países mantienen organismos que controlan solvencia, reservas técnicas, inversiones y capacidad de pago.
“No cualquiera puede salir a vender seguros”, resumen en el sector. Ese aspecto aparece como uno de los principales puntos de coincidencia entre empresarios y especialistas: cualquier expansión del negocio asegurador necesitaría reglas claras, estabilidad jurídica y supervisión permanente.
La revolución de los seguros todavía está lejos de convertirse en un proyecto de ley. El propio Gobierno no difundió los detalles del paquete que prepara el ministro Federico Sturzenegger y las principales cámaras empresarias aseguran que no participaron de su elaboración.
Mientras tanto, el mercado mantiene una posición expectante. No rechaza de plano una mayor participación privada en salud, retiro o riesgos agropecuarios. Incluso identifica oportunidades concretas de crecimiento. Pero también advierte que reemplazar al Estado supone mucho más que ampliar la oferta de pólizas. Exige capital, capacidad de reaseguro, marcos regulatorios sólidos, estabilidad macroeconómica y, sobre todo, un diseño institucional que todavía permanece bajo siete llaves.
Milei y Sturzenegger insisten en delinear un paquete de reformas que apunta a expandir el rol de las aseguradoras sobre prestaciones que hoy brinda el Estado.
EL SECTOR, ENTRE EL INTERÉS Y LA CAUTELA
¿Es viable la revolución de los seguros que promueve el gobierno nacional?
Las ART administran cobertura de accidentes laborales bajo un esquema privado.
Por PATRICIO DOBAL
Las compañías ya comercializan seguros de retiro y rentas vitalicias.
Armando Riopedre (Cides).