la ley 26.093, sancionada en 2006. El régimen fomentó inversiones superiores a los u $ s 2.500 millones en la industria del biodiesel y posicionó al país como líder en exportaciones. En 2021 esas reglas fueron reemplazadas por las de la ley 27.640, que implicaron un retroceso. Por caso, el corte obligatorio pasó del 10 % al 5 %, aunque luego subió al 7,5 % por una crisis de abastecimiento. Si bien en los últimos años se presentaron diferentes proyectos de ley, la discusión se aceleró en 2026 con el texto de la senadora oficialista Patricia Bullrich. La iniciativa propone desregular, habilitando licitaciones en un mercado electrónico único, y fijar un techo de precios equivalente a la paridad de importación. También, elevar los mandatos. En el caso del biodiesel, pasaría de 7,5 % a 10 %( B10) en un plazo de doce meses. Para el bioetanol, fija un piso del 15 % y flexibiliza, para el incremental de tres puntos, el esquema que dividía en partes iguales el aporte entre la caña de azúcar y el maíz. Un B10 elevaría a 1,3 millones de toneladas el volumen demandado por el mercado interno de biodiesel, como mínimo. Pero el proyecto de Bullrich activa al mismo tiempo la puja por esa demanda, con su plan de migrar del actual sistema de cupos hacia un mercado más flexible. El objetivo es que, en 2030, se garanticen tres puntos del corte obligatorio a las empresas no integradas y los otros 7 se negocien en el mercado libre. En ese momento, las mezcladoras que realizan coprocesamiento también podrán capturar hasta tres
Las ventas totales del sector fueron de 703.304 toneladas en 2025, pero sólo se exportaron 273.386 toneladas, el volumen más bajo desde 2008.
puntos porcentuales. Las puertas del negocio se abrirán así a las petroleras. En sintonía, habilita la importación de biocombustibles para mezclas superiores al corte. A principios de junio, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, junto a la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, convocaron a una reunión para analizar las cinco propuestas presentadas para modificar la ley actual. En los hechos, las posturas orbitaron alrededor del proyecto oficialista. Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, rechazó las propuestas de otros textos para duplicar el corte. Dijo que eso provocaría un aumento del precio del gasoil. Las petroleras exhiben un reporte de la consultora Economía & Energía, que calculó en u $ s 6.500 millones el costo fiscal acumulado por el régimen de biocombustibles desde 2010. Esto sería por la menor recaudación por derechos de exportación sobre el aceite que se deja de exportar y, en menor medida, por la exención sobre los impuestos a los combustibles. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina( Ciara) negó que los derechos diferenciales de exportación sean subsidios. Por el contrario, afirmó que son impuestos que“ reducen la competitividad exportadora”. La entidad que agrupa a las grandes firmas del complejo oleaginoso se alineó con Bullrich, que les abre las puertas del corte obligatorio. Ciara recordó que la ley de biocombustibles de 2006 tenía entre sus objetivos fortalecer la competitividad del sector. Y denunció que“ la falta de integración productiva de parte de algunas plantas contradice el espíritu inicial de aquella normativa”. En esta pulseada con las no integradas, las aceiteras tiraron su carrocería. Recordaron que producen alrededor de 8,5 millones de toneladas de aceite de soja por año, mientras que las pymes elaboradoras de biodiésel consumen cerca de 650.000.“ Con un mes y medio de producción se cubre todo el consumo anual de ese segmento”, sostuvieron. Gustavo Idigoras, su presidente, recordó que por la prohibición de vender al mercado interno, el 90 % de la capacidad instalada hoy en Santa Fe está sin uso. Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles( Cepreb) advirtió que, si se aprueban las modificaciones, quebrarán 25 pymes y se concentrará toda la producción para el mercado interno en 6 ó 7 aceiteras. El presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables( Casfer), Marcelo Kusznierz, advirtió que muchas de las pymes en riesgo están radicadas en pequeñas localidades de la provincia, donde generan empleo y agregado de valor. Y
89