Durante los últimos años, el sistema argentino de Riesgos del Trabajo logró avances significativos en materia de prevención. Los indicadores oficiales mostraron una baja sostenida de los accidentes laborales, incluidos los graves y fatales. Sin embargo, ese progreso no se tradujo en una menor conflictividad judicial. Por el contrario, los juicios laborales crecieron de manera acelerada y Santa Fe se consolidó como una de las provincias con mayor litigiosidad del país.
La contradicción encendió alertas en el sector productivo y en el sistema asegurador. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), mientras la siniestralidad laboral cayó más del 50% en las últimas dos décadas, la cantidad de demandas judiciales contra las ART se multiplicó y alcanzó niveles récord entre 2024 y 2025. Según los especialistas, Santa Fe registró un nivel de litigiosidad 2,2 veces por encima del promedio nacional. La pregunta central es por qué, en un sistema que mejoró en prevención, cada vez más conflictos terminan en Tribunales. Allí confluyen jueces, abogados, peritos, empresas, aseguradoras y asegurados, dando lugar a un escenario de tensión que, por ahora, no muestra una salida clara.
El riesgo de asegurar
el riesgo
Desde el sector asegurador coincidieron en que el sistema mostró resultados concretos en materia de prevención, pero advirtieron que la creciente judicialización comenzó a distorsionar esos avances. Carlos Meneguzzi, gerente de La Segunda ART, sostuvo que la paradoja se hizo visible en el ámbito judicial. “Tenemos menos accidentes, pero en los juicios se terminan dictaminando incapacidades cada vez más altas”, afirmó. Según explicó, esa dinámica generó una situación llamativa en términos estadísticos. “Si uno mira los números, pareciera que Argentina tiene más trabajadores con incapacidades permanentes que países que atraviesan conflictos bélicos”, sostuvo.
Para Meneguzzi, esa contradicción no responde a un deterioro real de la salud laboral, sino a la forma en que se resuelven los conflictos en el ámbito judicial: muchos casos que administrativamente habían cerrado sin incapacidad o con porcentajes bajos, terminaron con reconocimientos significativamente mayores tras las pericias judiciales. “Ahí es donde el sistema empieza a desordenarse: la prevención funciona, pero el resultado final no refleja esa mejora”, explicó.
Comisiones Médicas,
peritajes y brecha judicial
En esa línea, Eugenia Bussano, jefa de Riesgos del Trabajo de la regional Rosario de Prevención ART, sostuvo que la enorme mayoría de los juicios no se originó en accidentes laborales clásicos. “La mayor parte de las demandas no están vinculadas a accidentes de trabajo, sino a enfermedades que son rechazadas en la instancia administrativa”, explicó.
Según detalló, cerca del 90% de los juicios corresponden a patologías consideradas inculpables por las Comisiones Médicas. Es decir, casos en los que el sistema determinó que no existía origen laboral ni incapacidad, lo que empujó a los trabajadores a recurrir a la Justicia provincial. “Ahí aparece una brecha: el sistema dice una cosa y la Justicia termina diciendo otra”, sostuvo.
En Santa Fe, esa diferencia se ve amplificada por el esquema de peritajes judiciales. Según indicó, los honorarios de los peritos están vinculados al resultado del juicio, lo que genera incentivos distorsivos. “Si no hay incapacidad reconocida, no hay honorarios. Eso termina empujando los porcentajes hacia arriba”, afirmó.
En sintonía con esa realidad, Fernando Esperón, gerente general de Asociart ART, opinó que es “primordial avanzar en la implementación efectiva del Cuerpo Médico Forense previsto en la Ley 27.348, que establece que los peritos cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias”.
Alerta empresarial
Desde una mirada más estructural, los referentes de las ART advirtieron que el crecimiento de los juicios impacta directamente en los costos del sistema y en las alícuotas que pagan las empresas.
“Cada juicio tiene un costo concreto y ese costo se traslada al sistema”, sostuvo el Gerente de La Segunda ART. Según explicó, en provincias con alta litigiosidad como Santa Fe, las alícuotas terminaron siendo sensiblemente más altas que en otras jurisdicciones. “Una empresa santafesina compite en desventaja frente a otra radicada en una provincia donde la litigiosidad es menor y el costo del seguro es más bajo”, afirmó. “En un contexto de márgenes ajustados, mayor apertura y competencia, ese sobrecosto impactó de lleno en la competitividad, especialmente de las pymes”, añadió.
El Gerente General de Asociart ART sumó un dato desalentador para el sector empresario: “Para financiar el nivel actual de demandas y las actualizaciones de sentencias, la alícuota promedio de las ART debería subir del 2,85% actual al 5,15% de la masa salarial, lo que representaría un incremento de casi el 80% en el costo de cobertura para los empleadores”.
Caso Galeno:
¿Un efecto dominó?
En ese contexto, el caso de Galeno ART, que atravesó una fuerte crisis a fines de 2025, funcionó como una señal de alerta para todo el sistema. Meneguzzi descartó un efecto dominó inmediato, pero advirtió que el episodio expuso tensiones estructurales.
“No fue un problema aislado ni coyuntural. Expuso fragilidades que atraviesan al conjunto del sistema de Riesgos del Trabajo”, sostuvo. Según explicó, cuando la litigiosidad creció de manera sostenida, el equilibrio financiero comenzó a resentirse.
En la misma línea, Bussano señaló que la situación generó preocupación en el sector, aunque relativizó la posibilidad de un colapso generalizado. “No hablamos de un efecto dominó, pero sí de un llamado de atención. Cuando la litigiosidad crece de esta manera, el sistema empieza a mostrar límites”, explicó.
Por su parte, Esperón sostuvo que el caso Galeno fue una “señal de alerta muy clara” y que, si no se introducen cambios estructurales, el sistema general podría entrar en jaque.
La mirada desde el Derecho
del Trabajo
Desde el ámbito jurídico la explicación apuntó a otra dimensión del problema. María Antonia Belluccia, presidenta del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Colegio de Abogados de Rosario, sostuvo que el aumento de la litigiosidad no puede analizarse sólo desde el impacto económico, sino desde el diseño normativo del sistema.
“El régimen de Riesgos del Trabajo reconoce de manera automática sólo un listado cerrado de enfermedades profesionales”, explicó Belluccia. Todo lo que quedó fuera de ese listado fue rechazado en sede administrativa y debe probarse médica y jurídicamente en la Justicia.
Según sostuvo, esa lógica generó un subregistro de enfermedades laborales. “Hay patologías reales, vinculadas al tipo de tarea, al ambiente o a la modalidad de trabajo que el sistema no reconoce. Eso obliga al trabajador a judicializar”, afirmó.
Santa Fe: más producción,
más reclamos
Belluccia explicó que Santa Fe reúne por naturaleza condiciones particulares que amplifican el fenómeno. “Es una provincia altamente productiva, con un entramado industrial muy fuerte y un cordón industrial que concentra miles de trabajadores”, sostuvo.
A ese perfil económico se sumó el fracaso de la instancia administrativa para resolver los conflictos. “Cuando la mayoría de las enfermedades profesionales son rechazadas en Comisiones Médicas, el único camino que queda es la Justicia”, explicó.
Según datos del fuero laboral de Rosario, entre el 65% y el 70% de los juicios iniciados en 2025 corresponden a Riesgos del Trabajo, en su mayoría vinculados a enfermedades profesionales no reconocidas administrativamente.
Belluccia también puso el foco en el baremo, la tabla que fija los porcentajes de incapacidad. “Muchas patologías tienen reconocimientos muy bajos o directamente no están contempladas”, explicó. En ese contexto, aclaró que no todos los reclamos buscan una indemnización elevada. “En muchos casos, lo que se reclama es el acceso a la cobertura médica y farmacéutica. Si la ART rechaza el origen laboral, esa cobertura no existe”, sostuvo.
Un sistema que no logra
cerrar el circuito
Aunque desde perspectivas distintas, los actores involucrados coincidieron en un punto central: el sistema no logró cerrar de manera eficiente el circuito entre prevención, reconocimiento y reparación. Para las ART, la clave está en recuperar previsibilidad y equilibrio económico. Para el Derecho del Trabajo, el desafío es doble: por un lado, repensar el sistema de la Seguridad Social con foco en la salud psicofísica del trabajador y, por otro, fortalecer el rol de control del Estado, de modo que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo garantice que las ART brinden en tiempo y forma las prestaciones médicas y asistenciales que correspondan en cada caso.
En una provincia productiva como Santa Fe, el 2025 culminó con un fuero laboral atestado de expedientes, empresas con mayores costos y un sistema bajo presión. El descenso de los accidentes confirmó que la prevención funcionó. El desafío pendiente es reordenar el sistema para que la Justicia, la protección laboral y la competitividad de las empresas vuelvan a convivir en equilibrio sin comprometer la seguridad de los trabajadores.
Santa Fe lideró la litigiosidad pese a la baja de siniestros y reabrió el debate sobre la sustentabilidad del modelo.
DATOS QUE CHOCAN
Menos accidentes, más juicios: la paradoja del sistema laboral
Carlos Meneguzzi, gerente de La Segunda ART, y la doctora María Belluccia.
Por DANA LEIVA
Fernando Esperón (Asociart) y Ma. Eugenia Bussano (Prevención).